El acceso a la justicia en la República Dominicana, lamentablemente, sigue siendo una de las grandes deudas de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, conforme lo prefigura nuestra Constitución, en su artículo 7. Hay progresos innegables en la modernización institucional, la digitalización de los servicios y la capacidad de respuesta de los tribunales. Pero la realidad es que para la inmensa mayoría de los nacionales obtener justicia resulta un camino largo, malo, costoso, desigual y casi siempre frustrante.
