Vuelve a desafiar no solo el principio de autoridad, sino la mejoría del sistema de enseñanza con la reducción del horario de clases en las escuelas de Monción en demanda de la destitución de un funcionario. Con la permisibilidad de las autoridades de Educación, la ADP, más política que gremial, ha trascendido sus límites con la suspensión de la docencia. Se atribuye la función de juez o máxima autoridad al atentar contra la enseñanza, que es constitucional, al exigir sanciones.
