El movimiento Unidos Somos Más planteó la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica en la cordillera Septentrional, tras afirmar que la protección de ese sistema montañoso requiere garantías jurídicas permanentes y no debe descansar únicamente en compromisos verbales del Poder Ejecutivo.
En un documento, la organización reiteró su compromiso con la preservación de la cordillera y sostuvo que corresponde al Gobierno y al Congreso Nacional establecer instrumentos legales capaces de garantizar su conservación.
“Aunque tenemos el compromiso verbal del presidente, se requiere de un instrumento legal evacuado por el Congreso Nacional”, establece el documento.
El movimiento considera que una eventual legislación no solo debe impedir la explotación minera metálica, sino también reconocer expresamente el valor ecológico de la cordillera Septentrional y establecer garantías frente a otras actividades capaces de comprometer su integridad y estabilidad ambiental.
La organización extendió sus demandas al proyecto de la Autopista del Ámbar, para el cual exige la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental que determine, mediante criterios técnicos y científicos, las consecuencias que podría generar la obra sobre el entorno.
Según el pronunciamiento, por tratarse de un proyecto de alto impacto, la evaluación debería incorporar a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y a la Comisión Ambiental de la UASD, participación que afirma ya había sido solicitada al presidente Luis Abinader y todavía no se ha concretado.
Unidos Somos Más reivindicó las evaluaciones ambientales como parte de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico dominicano para determinar la viabilidad de proyectos y, cuando corresponda, establecer medidas destinadas a prevenir, reducir o compensar sus efectos sobre el medio natural y social.
El movimiento introdujo además una precisión sobre las actividades realizadas recientemente alrededor de la Autopista del Ámbar y explicó que lo efectuado hasta el momento corresponde a encuentros de socialización del proyecto y no a vistas públicas, debido a que, conforme a su posición, estas últimas deben producirse después de concluidos los estudios de impacto ambiental, los cuales afirma que todavía no se han iniciado.
