Escandaliza que la Superintendencia de Pensiones (Sipen) cobre una tarifa de 380 mil pesos por proporcionar información a los interesados en un plazo de 180 días laborables y que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) haya avalado la desproporción, como confirmó su titular Francisco Torres al economista Arismendi Díaz Santana. Torres justificó la tarifa bajo el alegato de que la Sipen incurre en gastos técnicos cada vez que tiene que suministrar informaciones a cualquier persona u organización que las solicite. En una litis con la Sipen, el Grupo de Medios Panorama habría aceptado las condiciones para recibir un informe que solicitó a través de la Ley de libre acceso a la información pública. La tarifa de una entidad cuya función principal es proteger los derechos previsionales de los afiliados y velar por el estricto cumplimiento de la Ley 87-01, de Seguridad Social, representa un obstáculo casi insalvable para los interesados en conocer sus operaciones. Quienes lo ignoran ya saben que para obtener información de la Sipen más allá de las estadísticas disponibles en tiempo real en su página web, tienen que cantearse con casi 400 mil pesos y esperar hasta seis meses para recibirla.
