Con la reciente aprobación en el Senado de la R.D. del proyecto que modifica el Presupuesto General del Estado 2026, introduce un debate técnico importante sobre el equilibrio de poderes del estado. Al reformular los topes presupuestarios previamente establecidos en la Ley No. 99-25, del 16 de diciembre de 2025, el Congreso Nacional activa de forma directa a sus tres competencias constitucionales: legislar, fiscalizar y representar (Artículo 93 de la Constitución de la R.D). Así con esta coyuntura económica exige evaluar si las cámaras legislativas actúan como un verdadero contrapeso institucional o como el validador automático de las directrices del Poder Ejecutivo.
